El Banco Central de Brasil (BCB) ha abierto una consulta pública sobre dos proyectos de regulaciones que definen los criterios de sostenibilidad que se aplicarán a las operaciones de crédito rural y la caracterización de proyectos con restricciones al crédito rural debido a normativas relacionadas con aspectos sociales y ambientales. La consulta pública estará activa hasta el 23 de abril, mientras que ambas regulaciones entrarán en vigor el 1 de julio de 2021.
La propuesta permite clasificar la financiación rural en tres categorías:
• Proyectos que pueden no ser financiados con crédito rural debido a la existencia de disposiciones regulatorias relativas a la superposición con áreas indígenas, áreas deforestadas ilegalmente en el Bioma Amazónico o sanciones administrativas por condiciones de trabajo «esclavizantes».
• Proyectos que se puedan financiar con crédito rural con indicación, por parte del BCB, de riesgos sociales o ambientales para la institución financiera. Por tanto, estos proyectos no serán clasificados como operaciones de crédito rural sostenible.
• Proyectos financiados con crédito rural que puedan calificarse como operaciones de crédito rural sostenible si cumplen con parámetros de sostenibilidad social y ambiental – como agricultura baja en carbono, existencia de subsidios para uso de agua o empleo de energía renovable generada en la propiedad.
De acuerdo con el BCB, para permitir la emisión de bonos verdes, los verificadores externos también pueden utilizar la información de las operaciones de crédito rural, así como las agencias calificadoras especializadas en criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y los proveedores de servicios contratados para auditar la adherencia de los proyectos a los requisitos sociales y ambientales. Además, los responsables políticos podrán utilizar la información para otorgar incentivos a proyectos rurales.
Como contexto, el pasado mes de septiembre de 2020, el BCB y Climate Bonds Initiative (CBI) firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de promover una agenda de finanzas sostenibles y la integración de los riesgos socioambientales y climáticos en el sector financiero nacional.