Desde 2014, Brasil ha sido pionero en sus enfoques de regulación y supervisión de la gestión del riesgo socioambiental en el que incurren las instituciones financieras que componen el Sistema Financiero Nacional (SNF). Además, la agenda de trabajo institucional del Banco Central de Brasil (BCB) -conocida como la Agenda BC#- recientemente reconoció la importancia de la sostenibilidad socioambiental (S&E) para la economía brasileña y el SFN, incorporando la nueva «Dimensión de la Sostenibilidad» como su quinto pilar.
Con el objetivo de mejorar las normas sobre gestión de riesgos y responsabilidad social, ambiental y climática aplicables al sector financiero, el BCB lanzó la Consulta Pública nº 85, motivada por la creciente relevancia de los temas de sostenibilidad para los organismos internacionales de normalización, así como por la experiencia nacional resultante del primer ciclo de regulación, implementación y supervisión que siguió al Reglamento de 2014.
Incluye un conjunto de propuestas normativas para mejorar las reglas de gestión de riesgos sociales, ambientales y climáticos aplicables a las instituciones financieras y otras instituciones autorizadas a operar por el BCB, así como los requisitos que deben observar.
La consulta tiene como objetivo:
– Perfeccionar el marco normativo brasileño sobre la gestión de riesgos y respuestas, incorporando los más recientes debates internacionales sobre temas de sostenibilidad.
– Incluir explícitamente las cuestiones relacionadas con el cambio climático en el marco normativo brasileño, que actualmente está más centrado en las cuestiones sociales y medioambientales.
– Reforzar las definiciones relativas a las cuestiones sociales, medioambientales y climáticas, así como los requisitos aplicables.
La propuesta exige la inclusión de riesgos sociales, ambientales y climáticos (tanto físicos como de transición) en la Declaración de Apetito de Riesgo (RAS), la gestión de la continuidad del negocio, la estructura de gobierno de riesgos y los programas de pruebas de resistencia. Además, las entidades más complejas deberán realizar análisis de escenarios considerando las hipótesis del cambio climático y la transición a una economía baja en carbono.
La nueva normativa obliga a las instituciones a monitorear su reputación, así como la concentración de riesgos en sectores económicos o regiones geográficas más susceptibles de sufrir daños sociales y ambientales.
Las instituciones financieras deberán preparar y divulgar su PRSAC, enfocándose en su contribución positiva en temas sociales, ambientales y climáticos. El PRSAC es un documento que contiene los principios y lineamientos de la institución para su negocio y sus relaciones con clientes, proveedores, comunidad interna y otras partes interesadas.