COP 25, Alrededor del articulo 6

Para aquellos que siguen de cerca las cuestiones relacionadas con los mercados de carbono y la aplicación de instrumentos económicos en la esfera de la política climática -entre ellos los mecanismos de comercio de emisiones o los impuestos al carbono- para impulsar (incentivar) las acciones de mitigación y la participación del sector privado en esas acciones, las discusiones en torno del Artículo 6 del Acuerdo de París han concentrado nuevamente el interés, pese a algunos contratiempos sucesivos.

El Artículo 6 trata formalmente sobre la cooperación voluntaria para la acción climática en el marco de la implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), es decir las declaraciones que cada país hizo y que especifican los compromisos que individualmente asumieron en el 2015, en el camino al Acuerdo de París.

Esas contribuciones constituyen (o debieran constituir) el núcleo de la acción climática y el ámbito real para que los países desplieguen su ambición. No obstante, como se ha visto con claridad en la COP 25[1] en Madrid, la cuestión de la ambición se enfrenta de lleno con el rechazo de algunos países a actuar, en particular de aquellos que son grandes emisores.

El Artículo 6 establece de entrada que “…algunas Partes podrán optar por cooperar voluntariamente en la aplicación de sus contribuciones determinadas a nivel nacional para lograr una mayor ambición en sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible y la integridad ambiental.” Un lenguaje aparentemente llano, que remite a cuestiones bien complejas.

La razón para que haya mercados internacionales de carbono es que estos instrumentos, se argumenta, tienen el potencial de mejorar la eficiencia en la implementación de las NDC y, en ese caso, facilitan que los países eleven la ambición en la mitigación.[2]

En este sentido, se supone que los mercados pueden jugar un papel clave al impulsar la mitigación, pues al movilizar las acciones de los actores no gubernamentales, en particular las firmas, permiten que los gobiernos tengan más espacio fiscal para proponer mayores niveles de ambición, siempre que las reglas de juego, las modalidades, procedimientos y orientaciones, que había que acordar en estos días de cara al 2020, sean apropiadas y garanticen la integridad ambiental, esto es, sean capaces de asegurar la integridad ambiental de los mercados, evitando entre otras cosas la doble contabilidad.

Algunos países están convencidos que esta es una buena alternativa de políticas y por esa razón han insistido en lograr que la opción de utilización de los instrumentos de mercado siga estando disponible y por eso había tanto énfasis en concluir con esta negociación en Madrid.[3].

El Artículo 6, empero, no trata solo acerca de los mecanismos de mercado. Como abarca todo lo concerniente con la cooperación voluntaria, también en él se disponen modalidades respecto a los enfoques no relacionados con el mercado, a instancias de un grupo de países que se opone a lo que se denomina comodificación de los bienes públicos globales y del capital natural.

No obstante, luego de algunos progresos durante la primera semana de negociaciones durante la COP 25, la discusión se estancó y aparecieron discrepancias que hicieron trepidar la búsqueda de acuerdos. Entre ellas, se destacaban la discusión sobre si practicar los ajustes correspondientes y que transferencias serían exceptuadas de esos ajustes en el caso del uso de resultados de mitigación de transferencia internacional para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, el nivel de la tasa (como un cargo) a aplicar sobre todas las transacciones o, si solo sobre algunas, y las modalidades para la transición correspondiente a la posible inclusión de las actividades bajo el Mecanismo para un Desarrollo Limpio y las unidades en el Protocolo de Kioto.

Pese a esos escollos, hubo progresos técnicos, pero no fue posible lograr acuerdos políticos, que quedaron postergados, una vez mas, para el 2020.


[1] La COP 25, la vigésimo quinta conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en Madrid del 2 al 13 de diciembre de 2019, que en la práctica concluyó el 15 de ese mes.

[2] Estos postulados de la teoría económica pueden ser examinados en su validez, pero hacerlo nos alejaría aquí de la discusión sobre que pasó con la negociación sobre el Artículo 6 en Madrid y que debería ocurrir en Glasgow en 2020 durante la COP 26.

[3] Mas allá que hubiera un mandato para que las modalidades y procedimientos indefectiblemente quedaran definidas en esta COP y, además, el Acuerdo de París entra en vigor en el 2020, con lo cual es preciso que las reglas de juego estén acordadas.

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