El Gobierno tiene listo para la firma el decreto con el cual fija las reglas de juego para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía con fuentes no convencionales renovables, es decir, solar y eólica, entre otras.

Con esta norma se crean las condiciones necesarias para que estos proyectos, muchos de los cuales están en marcha, sean viables en el tiempo y se puedan conectar al sistema energético nacional.

La entrada de estos generadores a la red de energía nacional permitirá que su cuota de producción de mercado pase de menos del 2 por ciento actual al 10 o 15 por ciento a la vuelta de unos cinco años (2023), con lo cual no solo se garantizará un mejor abastecimiento, sino también una mejora en las tarifas para los consumidores.

Lo que establece la norma son las condiciones para tener contratos de largo plazo para ese tipo de energía, con lo cual se les brinda seguridad a quienes financian esos proyectos, en el sentido de que sus recursos serán devueltos, explicó Alejandro Lucio, presidente de la Asociación Colombiana de Energías Renovables (Ser Colombia).

El mecanismo de contratación de largo plazo permitirá hacer los cierres financieros de los proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía renovable, haciéndolos viables y competitivos frente a otros del mercado.

Bajo la actual normatividad, a los proyectos de generación de energía solar y eólica les queda difícil competir con otros mecanismos (térmicas e hidroeléctricas) que cuentan con el mecanismo de cargo por confiabilidad, que remunera la existencia de plantas de generación según su capacidad de entregar energía en firme en la medida que cuentan con el recurso para ello (carbón o gas) en cualquier momento.

Pero los no convencionales son proyectos que dependen de que haya el recurso (sol o viento) en ese momento, lo cual es más complicado de prever.

Pese a esto, según datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), en Colombia se están desarrollando proyectos de energía solar y eólica por más de 4.000 megavatios.

Para el vocero de Ser Colombia, el decreto, el cual se espera quede en firme a mediados de febrero próximo, permitirá complementar la matriz energética del país, que es alimentada, principalmente, por energía hidráulica (70 por ciento) y térmica (18 por ciento), en la medida que el recurso solar y eólico es abundante en Colombia y esos nuevos proyectos podrían soportar cuando se presente escasez por cuenta de fenómenos naturales como el Niño. “Esos recursos la complementan y dan mayor confiabilidad al sistema. Por otro lado, el mecanismo de contratación de largo plazo se traduce en tarifas más estables y bajas para el usuario final y, por último, se garantiza el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y de los compromisos del Estado en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, precisa el vocero gremial.

En efecto, el Gobierno advierte en el decreto que el mecanismo que se incorporará para el uso más intensivo de estas energías “deberá procurar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector de generación eléctrica en 26 por ciento respecto de las emisiones que dicho sector proyecta para el año 2030”. Así las cosas, la Upme será la entidad encargada de verificar que cada proyecto cumpla con ese requisito, mientras que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) establecerá el esquema para trasladar los costos de compra de esa energía a la tarifa de los usuarios finales.