El martes 19 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de Ley de cambio climático que será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

El objetivo final de la ley es que España alcance, a más tardar en el año 2050, la neutralidad de emisiones de GEI, sumándose a Francia y el Reino Unido que tienen ese mismo objetivo y plazo; y a Suecia que ha establecido alcanzar las emisiones netas para 2045.

Con este proyecto España se alinea con la estrategia a largo plazo de la UE, orientada a un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, se ajusta a la Resolución del Parlamento Europeo del 28 de noviembre de 2019, en la que pide a la UE que se fije como objetivo alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, en virtud del acuerdo climático de París, y aumente su objetivo de reducción de emisiones al 55% para 2030.

Los objetivos del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) se implementarán a través de Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). La Ley incluye 36 artículos distribuidos en nueve títulos, e incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria y las administraciones públicas.

Antes de llegar a mitad de siglo el país deberá emitirá la cantidad de gases de GEI que sus sumideros puedan absorber. Como punto intermedio, se establece que para el 2030 las emisiones tendrán que ser un 20% menos que en 1990. Para ello al 2030 al menos el 35% del consumo de energía debe ser renovable; en esa fecha además en el sistema eléctrico, la presencia renovable deberá ser de al menos un 70%.

En materia de ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA el proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, el proyecto de ley crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de la introducción de un nuevo modelo de negocio.

Se impulsa asimismo la hibridación, incorporando distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando por ejemplo paneles solares en una planta eólica. También se contempla la repotenciación de las instalaciones.

El proyecta contempla que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.

Con relación al TRANSPORTE, el proyecto establece que se evaluarán y adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos cuyas emisiones sean iguales a 0gCO2/km.

Los MUNICIPIOS de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de las ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023. Estas acciones se orientan a promover los desplazamientos a pie, en bicicleta, y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público.

Los COMBUSTIBLES FÓSILES no quedan exceptuados: el proyecto establece que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

La ADAPTACIÓN a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal, tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica con este propósito.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado. También se promoverá que las universidades revisen el tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad ambiental y del cambio climático.

Finalmente, la Ley crea un marco para REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA.

Pandemia, recesión y orientaciones para la recuperación económica en España

Según modelaciones realizadas por el Gobierno de España la transición ecológica movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años y generará entre 250.000 y 350.000 empleos netos al año.

El proyecto de Ley entrega así unas señales apropiadas para que se puedan aprovechar todas las oportunidades para la modernización de la economía, de la industria, dar impulso a la generación de empleo y atraer inversiones que abran el camino hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites planetarios.

En un contexto de crisis social y económica de naturaleza multidimensional, y de alcance mundial por la pandemia del COVID-19, la reactivación de la economía acercará la oportunidad de atraer inversiones sostenibles.

España propone que la transición ecológica constituya una palanca para la recuperación económica luego de la fuerte contracción de la economía provocada por las medidas introducidas para contener la pandemia.

También en América Latina y el Caribe, los efectos de las medidas de contención de la pandemia adoptadas por algunos gobiernos de la región han provocado un impacto disruptivo sobre las economías nacionales.

Como lo demuestran los resultados de una encuesta realizada por internet por el Banco Interamericano de Desarrollo, en asociación con Cornell University, a fin de medir los efectos económicos de la pandemia en los hogares de diecisiete países de América Latina y el Caribe, indican que los impactos fueron severos y alarmantes, ya que cerca del 45% de los participantes afirma que uno de los miembros de su hogar ha perdido su empleo durante la pandemia. Entre los encuestados de hogares en los que algunos de sus miembros tienen pequeñas empresas, el 57% informa el cierre de sus empresas.

Es vital entonces que, en la respuesta a la crisis, los países se esfuercen en continuar trabajando para alcanzar los ODS y los compromisos climáticos, e inicien los procesos de recuperación mediante herramientas que brinden un impulso hacia un futuro más igualitario, inclusivo, sostenible y resiliente, también mediante la generación de empleos verdes para una recuperación ecológica, entre otras vías.

Puede apreciarse que una Ley de Cambio Climático que tienda a la descarbonización, sobre la que puedan girar algunas de las medidas para estimular la recuperación económica -tras la crisis del coronavirus-, puede ser, se estima, una pieza clave para esta nueva normalidad.